La información aquí expuesta desacredita el Estudio de Viabilidad del Puerto Marina Playa Granada ( Motril) promovido por Marina y Desarrollos Portuarios de Motril, S.L..
En primer lugar, vemos que la justificación para realizar este proyecto está basada en datos erróneos y suposiciones sin fundamento alguno.
Se parte de la base de que existe un DEFICIT DE AMARRES en la provincia. Para ello se hace una comparación con el resto de España y con las otras provincias costeras de Andalucía.
Observamos que la PROPORCION DE AMARRES por 1000 habitantes se refiere al total de la población de la provincia, lo que supone una desproporción enorme, ya que en Cádiz son 900.000 los habitantes en la zona costera y en Málaga pasan del millón, mientras en Granada son sólo 127.000.
Por otra parte, este estudio pretende vender la bondad del Proyecto con el pretexto de convertir suelo privado urbanizable en suelo público, la causa es la construcción de cuatro hoteles y zonas comerciales en la zona que media entre el camping y Villa Astrida,eso supondría la pérdida de lo que queda de la playa la Cagailla. Es decir, al pueblo de Motril, Varadero y Santa Adela solo les quedaría playa Poniente.
A continuación veamos el impacto económico y medioambiental de esta obra faraónica, que pretende vender algo como ambientalmente viable para rodearlo de ladrillo.
IMPACTO ECONÓMICO
Como siempre para conseguir apoyo social aparecen los puestos de trabajo que se van a generar.
La cuestión es saber si urbanizar 80.000 m2 de vega, repercutirá en las arcas de la Administración Pública con unos ingresos equiparables al suelo construido y, sobre todo, y lo más importante, si este socavón en la vega asegurará un incremento considerable de empleo.
Empieza por prometer unos 1.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Más adelante, en el estudio socioeconómico elaborado por la Universidad de Granada, las cifras marean: los 800 amarres crearán 18.750 puestos de trabajo en una década, 1.784 temporales y 61 indefinidos cada año.
Sin embargo, la empresa promotora recoge en el capítulo de gastos:
“De personal: se ha estimado en 18 el número total de trabajadores necesarios para la explotación del negocio concesional a partir del séptimo año de concesión, fijando los salarios según las categorías del personal. Durante los años en que la cesión de los amarres no alcanza el 100% el personal se irá aumentando de manera gradual en función de necesidades”
De modo que no parecen creíbles, según el mismo estudio citado, las 3.019 nuevas licencias de transporte de mercancías y 238 de viajeros que generaría la construcción de la marina.
Otro factor a tener en cuenta es que la reducción de suelo construido se refiere únicamente a hotelero, ya que el techo comercial pasa de 3000 m2 a 12.840 m2, es decir se cuadruplica.
¿Tendrá eso que ver con los 6.179 establecimientos comerciales que se suponen se crearán o se readaptarán a la Marina?
Este número es de locos, sobre todo teniendo en cuenta que las previsiones para los próximos cuatro años en el área metropolitana de Granada no llegaran a los mil establecimientos comerciales (muchos no llegará a cuajar).
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
La marina supone un agujero en terreno de vega de más de 80.000 m2 al que suponemos -no dice nada el proyecto presentado- que tendrá, al menos, 5 metros de calado, por lo que habrá que excavar, además, lo que por su altitud le corresponda. Esto supone poner el acuífero Motril-Salobreña en contacto directo con el mar. No olvidemos que el nivel piezométrico en la zona es mínimo, de hecho en la Cagaílla hay surgencias naturales, es decir, nacimientos de agua.
Si tenemos en cuenta la merma en la recarga de este acuífero por la reducción de aportes del río Guadalfeo desde la puesta en marcha de la presa de Rules y la pérdida de infiltraciones por riegos al haberse cambiado los usos del terreno y abandonarse la actividad agrícola, estaremos llamando a la salinización de un acuífero de excelente calidad.
La entrada a la Marina se hará mediante un canal de 60 m de anchura que cortará el paso por el Dominio Público Marítimo Terrestre y servidumbre de tránsito.
En el proyecto no aparece ninguna alternativa para cruzar este canal por el dominio público. Queremos recordar que la Dirección General de Costas informó en 2003 sobre el PGOU que “ no se autorizará la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre para el puerto deportivo”
Sobre los supuestos beneficios ambientales que supondrá el proyecto, tenemos nuestras dudas. El hecho de que el espigón oeste del canal vaya a recoger los sedimentos y formar playa está supeditado, según el estudio de dinámica marina, al aporte de sedimentos de forma artificial (con el gasto que conlleva el aporte anual de arenas), ya que el río dejó de hacerlo, y lo que se pueda extraer del agujero a practicar en la vega no cubriría lo necesario.
La recuperación de humedales y el efecto positivo sobre la Charca de Suárez, no se entiende, ya que la actuación es cerrada y sobre agua de mar.
La zona donde se proyecta la instalación es el antiguo cauce del río Guadalfeo y su llanura de inundación, por lo que el peligro de inundación es real y la legislación prohíbe construcciones en zonas así, aunque haya negligencias y olvidos ante proyecto faraónicos.
Por último decir, que el promotor es la sociedad Marina y Desarrollos Portuarios de Motril S.L., compuesta por 29 entidades de varios sectores económicos, que representan 150 empresas y 2 entidades financieras. Queremos aclarar aquí que las dos entidades financieras -según lo aparecido en los medios de comunicación- son Caja Granada y Caja Rural de Granada, y que estas tienen instrucciones del Banco de España para que no jueguen con los ladrillos. Los precedentes de Caja Castilla la Mancha y Caja Mediterráneo están demasiado cerca. Eso quiere decir que la línea financiera con dinero público (lo habitual en estos casos) no está demasiado clara.
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